EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL AVALA EL “BLINDAJE” DE LAS NORMAS FORALES

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El Tribunal Constitucional, en sentencia de 23 de junio, se ha pronunciado por la validez constitucional de la Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero, que reservaba a la jurisdicción del Alto Tribunal la revisión de las normas forales fiscales, desestimando en su integridad las supuestas vulneraciones de distintos artículos de la Constitución, alegadas por los recurrentes, las Comunidades Autónomas de La Rioja y de Castilla y León.

Lo fundamental es que se desestiman los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra la Ley Orgánica 1/2010, con la consiguiente negación a las Comunidades Autónomas recurrentes de la legitimación activa para impugnar directamente las normas forales fiscales de los Territorios Históricos.

También se reconoce que el Concierto Económico permite a los Territorios Históricos disponer de un sistema tributario propio que es objeto de negociación y acuerdo con el Estado y se acepta plenamente la constitucionalidad del conflicto en defensa de la autonomía foral.

Ahora bien, conseguido este objetivo fundamental de la iniciativa legislativa que dio como fruto la Ley Orgánica 1/2010, es preciso reconocer que esa igualación no es completa. Y no porque el control jurisdiccional de los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo resulte extraño a las normas legales, sean estatales o autonómicas, sino por los propios límites a que, según el Tribunal, conduce la literalidad de la Disposición Adicional Quinta LOTC enjuiciada.

Así, la sentencia excluye de la reserva al tribunal Constitucional los vicios de procedimiento por incumplimiento de los requisitos y trámites previstos en los Reglamentos de las Juntas Generales de los Territorios Históricos y las disposiciones contenidas en las Normas Forales Generales Tributarias sobre el procedimiento de elaboración de las normas forales fiscales y las disposiciones equiparadas a ellas. También queda fuera de ese canon la contravención de las leyes que el Parlamento Vasco dicte para la armonización coordinación y colaboración fiscal, amén de la de los Convenios y Tratados Internacionales a los que se remite la Ley del Concierto y, por último, la vulneración del Derecho Europeo que está en manos de la jurisdicción contencioso-administrativa, tal y como sucede en ambos casos con las propias leyes estatales.

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