LA JUNTA ARBITRAL DEL CONCIERTO LLEVA UN AÑO PARALIZADA Y 150 LITIGIOS ESPERAN SOLUCIÓN

LA JUNTA ARBITRAL DEL CONCIERTO LLEVA UN AÑO 
PARALIZADA Y 150 LITIGIOS ESPERAN SOLUCIÓN

01/10/2019Fuente: ELCORREO.COM

Las haciendas forales y la Agencia Tributaria del Estado les exigen, al mismo tiempo, el pago de los impuestos

 

El Concierto Económico tiene paralizada desde hace un año una de sus bisagras, uno de los elementos que permiten que las cosas complicadas fluyan, los problemas se resuelvan y las disputas entre administraciones interfieran lo menos posible en los ciudadanos y en las empresas. La Junta Arbitral, encargada de dirimir las diferencias entre las haciendas forales y la Agencia Tributaria del Estado sobre quién de las dos es competente para cobrar los impuestos de un contribuyente, está en periodo de hibernación. Desde que en octubre de 2018 dimitiera uno de sus tres componentes, Isaac Merino, para acceder al Tribunal Supremo como magistrado de la Sala Tercera, los gobiernos central y vasco se han revelado incapaces de alcanzar un acuerdo para buscar un sustituto.

Hay decenas de empresas, también de contribuyentes individuales, que esperan una decisión de este órgano para recuperar la normalidad. En total, apuntan fuentes co nocedoras de la situación, hay unos 150 casos pendientes y la cifra sigue engordando todos los meses.

Todos quieren cobrar
La fotografía, que se repite, tiene algo de película de humor. La Agencia Tributaria tira de uno de los brazos del contribuyente y exige que ingrese los impuestos en sus arcas, mientras que las haciendas forales –una de las tres, la que toque en cada caso– hace lo propio con el otro brazo y exige lo mismo. Los motivos son variopintos, pero suelen estar relacionados con aspectos difusos y discutibles de la legislación y de los denominados «puntos de conexión del Concierto».

Lo cierto es que el asunto no es neutral y en muchos casos tiene consecuencias negativas para el contribuyente, que observa con sorpresa –también con indignación– cómo sufre la pelea entre dos administraciones. De forma invariable, una de las dos le trata como a un moroso. Así las cosas, en las auditorías de algunas empresas figura la nota del auditor en la que se advierte que hay una reclamación de impuestos sobre la sociedad por parte de Hacienda. Una mancha innecesaria, que exige no pocos esfuerzos de las empresas para aclarar la situación ante accionistas, fondos de inversión o entidades financieras.

Este es uno de esos casos en los que la realidad dista mucho de las apariencias. Frente a las manifestaciones habituales de los responsables públicos en torno a los supuestos esfuerzos que hacen para facilitar la actividad económica, en casos como éste reman en contra.

La Junta Arbitral del Concierto está formada por tres expertos en materia tributaria, cuyos nombres deben ser consensuados por las administraciones central y vasca. Además de Isaac Merino –su nuevo cargo en el Tribunal Supremo resulta incompatible–, los otros dos componentes son Javier Muguruza, abogado en ejercicio y exdirector de la Hacienda de Bizkaia, y Gabriel Casado Ollero, catedrático de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Complutense de Madrid. Durante los últimos doce meses el Departamento de Hacienda del Gobierno Vasco y el Ministerio de Hacienda no han sido capaces de consensuar la designación del sustituto.

Parón total
En los últimos años la actividad de este organismo había sido intensa. En 2016 emitió 28 resoluciones; en 2017 fueron 21 y en 2018 ya cayó la actividad, precisamente porque la vacante se produjo en el inicio del último trimestre. Tan solo fueron 16 los litigios resueltos el pasado año. Aunque en cada uno de los casos uno de los tres miembros de la junta actúa como ponente, se exige que haya unanimidad interna para emitir los fallos.

Entre los asuntos más conocidos que han pasado por esta Junta Arbitral figura el denominado 'caso Rover', en el que la Hacienda de Álava y la Agencia Tributaria se disputaban la recaudación por IVA del importador británico de vehículos. En este caso, sin embargo, la resolución de la Junta Arbitral fue enmendada por el Tribunal Supremo.