26/10/2015Fuente: EL CORREOMANFRED NOLTE
No es novedad la existencia de posicionamientos hostiles a la fiscalidad vasca. El cuestionamiento es inveterado, pero en los tiempos recientes se ha constituido en tema estrella.
¿Cuál es el centro de las referidas críticas y descalificaciones? En primera instancia, la objeción surge del hecho de que el régimen fiscal foral del País Vasco obtiene aproximadamente el doble de recursos públicos per cápita que la media del régimen común. Aun ponderando las cifras en términos de PIB, la diferencias siguen siendo notables. Con mayores recursos, las comunidades forales pueden gastar más en educación, sanidad y servicios sociales que el resto de comunidades del Estado. De ello se infiere (se diga de forma matizada o explícita) que el Concierto Económico es, un «sistema injusto» que los líderes políticos llaman a, limando «asimetrías», hasta allanar y alcanzar un equilibrio desde el pretendido desequilibrio actual.
Las servidumbres de espacio escrito impiden replicar en detalle sobre las causas de las estadísticas citadas, pero al menos dejaré constancia taquigráfica de que no toda la diferencia relatada obedece a una situación discriminante. La eficiencia del modelo productivo, la mayor transparencia y la menor economía sumergida en Euskadi -entre otras- son posibles razones que justifican ‘diferencialmente’ parte de las desigualdades observadas.
Pero hay algo más nuclear. De haber diferencias, incluso significativas, ¿constituirían esta una situación de «injusticia»? Para responder esta pregunta hay que formular una nueva, a saber ¿qué significa en el contexto fiscal autonómico y/o estatal el adjetivo ‘justo’? El concepto ‘justo’ remite a una dimensión ética o iusnaturalista de difícil discernimiento, por lo que parece más lógico y sobre todo más práctico pasar del campo moral (‘iustitia’) al normativo (‘lex’), por lo que el atributo de su justicia le vendría conferido por la legitimidad democrática, por su legalidad y finalmente por su constitucionalidad. Es muy importante no perder nunca de vista la validación política pactista en el tema del Concierto.
Además de su raigambre consuetudinaria y legitimidad histórica, el Concierto Económico, las normas forales y el Cupo que lo desarrollan son legales ya que han sido aprobados por ley. Igualmente ostentan el carácter de constitucionales dado que no han sido declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. También están validados por El Tribunal de Justicia de Luxemburgo de la Unión Europea. Como consecuencia de las características señaladas, no caben las referencia al concepto de privilegio o injusticia sino en todo caso a los de ‘excepción’ o de ‘singularidad’.
El Concierto representa un sistema eficiente de obtención de recursos públicos para el País Vasco. Solo se comprende como peculiaridad en un pequeño territorio que representa un porcentaje reducido del PIB del Estado, debido a la virtud política que el pacto entraña y que no es otro sino el mantenimiento de la estabilidad constitucional en Euskadi y España. He aquí la clave de bóveda del tema que tenemos entre manos. El foralismo es el reconocimiento de unos derechos históricos y su refrendo democrático a cambio de estabilidad constitucional. Mediante este pacto, las sensibilidades soberanistas y la unidad del Estado español se avienen en una voluntad leal y ordenada de convivencia y progreso común. Olvidar esta referencia en el debate del Concierto económico es descafeinar completamente su interpretación.
Tan es así que los objetores del Concierto matizan que los males no están en el Concierto como tal, -que respetan- sino en las leyes del Cupo, donde los principios y procedimientos de valoración establecidos en la Ley del Concierto se desvirtúan. Por un lado parecen infravalorarse las cargas estatales no asumidas por el País Vasco y por otro el ajuste por IVA se realiza presuntamente utilizando valores y coeficientes desfasados, amén de algunas otras irregularidades más.
Fuentes solventes consultadas esbozan una sonrisa ante esta crítica de naturaleza meramente aritmética, donde los minuendos y procedimiento de determinación del cupo líquido y que cada año arroja unas discrepancias de cifras de muchos cientos de millones de euros, que llevan cinco años sin conciliarse y que malamente reflejan un presunto apaño contable por el que el Estado haría la vista gorda a las obligaciones forales en detrimento de la recaudación general.
El Concierto, además, es solidario en los términos convenidos en su Ley y en la Ley del Cupo contribuyendo con el 6,24% a todos los gastos estatales por competencias no transferidas, incluido el Fondo de Compensación Interterritorial, el déficit público, el servicio de la deuda central, el AVE, las Fuerzas Armadas y otras más. Y lo hace por encima de su cuota-PIB que es el 6,07% o la que le corresponde por el ratio de población (4,6%). Y es asimétrico en su configuración dado que con el pago del Cupo el País Vasco se obliga a contribuir a los gastos comunes con independencia de la situación de sus finanzas incurriendo en un sistema de riesgo unilateral.
Concluiremos con una reflexión del antropólogo Pierre Teilhard de Chardin. El visionario científico francés consideraba la diferenciación del proceso evolutivo humano como un factor de unión (‘L’union différencie’). No otra cosa traduce, en lo político y en su modesta dimensión absoluta, este pacto de convivencia llamado Concierto Económico.
